Los arquitectos de Castellón urgen a revisar los edificios antiguos
El derrumbe del techo de un edificio de la calle San Francisco de Castellón ha puesto sobre la mesa otra vez la necesidad de activar la revisión periódica de las viviendas, sobre todo de las más antiguas, en cumplimiento de una ley estatal --amparada en una directiva europea-- que obliga a ello hace años y que en Castellón todavía no se ha puesto en marcha.
El Ayuntamiento está trabajando en revertir esta situación y hasta el 24 de julio está en exposición pública la ordenanza reguladora del informe de evaluación de edificios (IEE.CV) que obligará a pasar la ITV a todos los inmuebles de la ciudad con más de 50 años de antigüedad. Tras el incidente ocurrido el pasado domingo, en uno de los barrios más antiguos de la capital, desde el Colegio de Arquitectos de Castellón urgen a tener ya en marcha esta normativa que podría evitar este tipo de sucesos, según apunta el presidente del colegio, Ángel Pitarch. «Tendría que ser como la ITV de los vehículos, o cuando hay que ir al médico. Nadie se cuestiona si tiene que hacerlo», explica.
El expresidente del mismo ente, Jaime Prior, valora, como colegiado, que «hace muchos años que se tendría que obligar a hacer esta revisión a los edificios».
OBJETIVO: 19.000 INMUEBLES // La nueva inspección de edificios antiguos en la que está trabajando el Ayuntamiento de Castellón afecta a más de 19.000 inmuebles de la ciudad (19.099 en concreto) que son los que tienen 50 años o más de antigüedad, según los últimos datos que constan en la Dirección General del Catastro, de diciembre del 2016. Son viviendas y edificios construidos entre 1960 y 1969 y representan el 13% del total de inmuebles que hay en la ciudad (151.469).
Los propietarios de estas construcciones estarán obligados a la realización y presentación del informe de evaluación del edifico (IEE) ante el Ayuntamiento. La normativa establece un periodo de adaptación para que se puedan realizar estos controles y fija, a priori, tres fechas. Los edificios construidos antes del 28 de junio de 1963 tendrían de tiempo para presentar el informe hasta el 28 de junio del 2018; los de antes del 28 de junio de 1964, hasta el 28 de junio del 2019; y los anteriores al 28 de junio de 1965, hasta el 28 de junio del 2020.
Los informes tienen que ser elaborados «por facultativos competentes»; arquitectos o arquitectos técnicos. El coste corre a cargo de los propietarios, aunque no hay una tarifa fija. Sí hay ayudas de la Generalitat, de hasta un máximo de 20 euros por cada vivienda.