Bajas laborales «flexibles» en España: qué se sabe de la propuesta y quién está a favor y en contra
La ministra Elma Saiz enciende a los sindicatos, entusiasma a las patronales, intriga a los médicos y enfrenta a los socios de Gobierno
- Imagen de archivo del sector de la construcción.
“Llevo casi 30 años estudiando el derecho laboral y no es la primera vez que un gobierno propone algo similar”, así responde Miguel Arenas, abogado del bufete Col•lectiu Ronda sobre la propuesta de bajas «flexibles» que ha puesto encima de la mesa la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz.
En 1994, entonces también gobernaba el PSOE, cuando se reformó lo que entonces se conocía como la incapacidad laboral transitoria, que se agrupó con la invalidez provisional para crear la actual incapacidad temporal. Fórmulas jurídicas que tratan de organizar el derecho de los trabajadores a enfermar, estar cubiertos por la Seguridad Social y encajarlos dentro de la actividad empresarial.
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No obstante, por primera vez el Gobierno quiere romper de manera explícita con esa dicotomía entre ‘estar de alta’ o ‘estar de baja’ y abrir la puerta a un estado intermedio que permita un retorno progresivo al puesto de trabajo. Una propuesta que tan solo ha sido enunciada, para nada concretada ni previamente debatida con los agentes sociales. La misma enerva a los sindicatos tanto como entusiasma a las patronales, intriga a los médicos y divide a los propios socios del Gobierno.
¿Qué sabemos de la propuesta?
Poca cosa, pues más allá de los despachos del Ministerio de Inclusión, donde existe una creciente preocupación por el creciente gasto público en bajas médicas, no se ha debatido la idea. La ministra Saiz dio dos pistas.
Por un lado, acceder a esa baja ‘flexible’ debe ser “voluntario”, es decir, aquel trabajador que prefiera esperar a estar plenamente recuperado a los ojos del médico puede seguir con el modelo ‘tradicional’. Y, por el otro, no persigue una “cuestión económica”, sino que busca “ampliar los derechos de los trabajadores”, según ha afirmado Saiz.
¿Cuándo entrará en vigor?
Si no se conoce el contenido, mucho menos el plazo de entrada en vigor del mismo. La ministra dijo que citaría de manera “inminente” a sindicatos y patronal para empezar a hablar del tema, sin dar concreción exacta de cuándo empezarían las negociaciones ni que plazo se da para llegar a un potencial acuerdo.
¿Quién está a favor?
Las patronales han sido las primeras en mostrar su predisposición a trabajar en una medida así. Para ello han aducido su creciente preocupación en el “absentismo” y el número de horas de trabajo que se pierden cada año por las dolencias de los empleados.
Pimec lo ha celebrado como “un primer paso positivo hacia una mayor adaptación de la normativa a las necesidades actuales de trabajadores y empresas”, según ha manifestado en un comunicado. Y ha pedido reforzar más el rol de las mutuas colaboradoras, de las que ambicionan que puedan dar altas y bajas como si de un médico de la pública se tratasen.
Foment también se ha manifestado “absolutamente” a favor de la medida, ya que el absentismo, para las empresas, «lastra sus cuentas de resultados» y en algunos casos aboca a las empresas a las pérdidas.
¿Y en contra?
“Tengo dudas que la ministra fuera consciente de las consecuencias de su ocurrencia”, afirma el secretario de relaciones institucionales de UGT de Cataluña, Carlos de Pablo. El sindicalista atribuye la propuesta al “desconocimiento” de la ministra del mercado laboral español, formado, en su mayoría, por pymes. Ámbito donde los sindicatos carecen de amplia representación y temen que esta medida permita a determinados empresarios presionar a sus empleados para adelantar altas. “Habrá una presión de manera sistemática para que se sanen de su enfermedad, como si pudieran escogerlo, y se les obligará a trabajar de manera indeseable”, afirma.
La responsable de salud laboral de CCOO de Cataluña, Mònica Pérez, afirma en que “sobre el papel suena bien”, pero coincide en la necesidad de contrapesos para no abonar la medida al fraude. “En Alemania existen modelos así, pero también hay muchos más mecanismos de control y contrapeso, como, por ejemplo, dentro de las mutuas, donde los sindicatos participan directamente de la gestión”, afirma.
¿Piensa lo mismo todo el Gobierno?
No. Sobre este tema la ministra de Inclusión, Elma Saiz (PSOE), opina una cosa y la de Trabajo, Yolanda Díaz (Sumar), otra. “Ni flexibilidad, ni parcialidad, con la salud no se juega”, escribió en su cuenta de X la vicepresidenta segunda. Algún matiz más expresó su compañero de partido y secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. “Cualquiera que haya pasado consulta en Atención Primaria puede identificar escenarios donde esta medida, bien implementada y con el trabajador en el centro, puede ser beneficiosa”.
¿Y los médicos?
El doctor Jordi Mestres, vocal de la Junta de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, explica en conversación con El Periódico que le ve aspectos positivos a la propuesta. «La clave es garantizar un seguimiento continuo e individualizado por parte del médico», afirma, con el fin de garantizar que el retorno o no es lo mejor para el paciente, en función del tipo de dolencia que padece, qué la provoca y del tipo de trabajo que realiza.
Pone como ejemplo una baja por ansiedad. Si esta viene derivada por el trabajo que hace el empleado -le hacen ‘moving’-, un retorno parcial puede provocar que no acabe de desconectar del todo y no se recupere del todo. En cambio, para otro paciente que esté superando una depresión provocada por un motivo ajeno al trabajo, recuperar poco a poco su rutina laboral puede ser positivo.
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