La economía española ha mostrado «un sólido desempeño» en los últimos años y «se espera que el crecimiento se mantenga significativamente por encima de la media de la eurozona a corto plazo, antes de desacelerarse gradualmente a medida que sus factores impulsores recientes se normalicen y el envejecimiento demográfico se intensifique».
Este diagnóstico forma parte del informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la economía española publicado este jueves en el que, además, el organismo que dirige Kristalina Georgieva eleva al 2,5% su previsión de crecimiento del PIB para este año y mantiene en el 1,8% la de 2026, a pesar de la incertidumbre comercial global. «Posteriormente, el envejecimiento demográfico mantendría el crecimiento cerca de su potencial a medio plazo, en torno al 1,7%», sostiene el FMI.
La previsión de un crecimiento del 2,5% para 2025 se sitúa dos décimas por encima de la que el FMI proyectaba en enero pasado (cuando ya elevó al 2,3% su previsión). La nueva previsión coincide con la proyectada por el Gobierno español en el mes de febrero y con la publicada este mismo martes por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).
Con todo, el organismo advierte de que «la mayoría de los riesgos para las perspectivas son a la baja». Entre los riesgos que penden sobre la economía española, el FMI señala la «incertidumbre política interna» derivada de la fragmentación parlamentaria y los bajos niveles de inversión.
»La fragmentación política podría obstaculizar la respuesta fiscal si la reducción del déficit de España no cumple con sus compromisos en el marco de gobernanza de la UE o si surgen inquietudes en el mercado sobre los riesgos soberanos en Europa», señala el informe. A modo de ejemplo, el jefe de la misión del FMI en España, Romain Duval, se ha referido a las dificultades del Gobierno español para sacar adelante su compromiso con la Comisión Europea para subir la fiscalidad del diésel y equipararla a la de la gasolina. En un encuentro informativo vía ‘streaming’, Duval ha referido que los efectos de la fragmentación política ya podría estar lastrando la economía española a través de un débil crecimiento de la inversión.
La declaración final de la misión del FMI sobre España -al amparo del ‘Artículo IV’ del Convenio Consultivo del FMI- subraya la menor exposición de la economía española a la elevada incertidumbre comercial global: «El impacto adverso de la elevada incertidumbre sobre la política comercial y los aranceles anunciados por el gobierno estadounidense a principios de abril se verá contenido por la limitada exposición comercial directa e indirecta de España a Estados Unidos», apunta la declaración. Duval ha rehusado ser más preciso sobre el impacto que, en todo caso, podría encajar la economía española por el ‘shock’ arancelario y se ha remitido a las proyecciones globales que publicará el organismo en su reunión de primavera, a partir del próximo 21 de abril.
El FMI plasma en su informe una batería de recomendaciones de política económica, entre las que, una vez más ha repescado antiguas recetas.
En materia fiscal, el Fondo Monetario advierte de la elevada deuda pública y señala que aumentar el gasto en defensa hasta el objetivo del 2% del PIB requerirá más recursos. Como recomendación, insta a España a cambiar de planes y concentrar en el periodo 2025-2029 el ajuste comprometido con Bruselas por el Gobierno, en su Plan Fiscal y Estructural a Medio Plazo (en lugar de llevarlo hasta 2031).
Las recetas del FMI también pasan por los impuestos. Aquí, el organismo plantea armonizar las tasas del IVA (esto implica un menor recurso a los tipos reducidos), así como «la mejora de la tributación ecológica», comenzando por igualar los impuestos especiales al diésel y la gasolina. »Tales medidas podrían sustituir a otras ad hoc y de menor calado, como el impuesto a la banca rediseñado, que debería discontinuarse al final de su plazo de tres años», sugiere el informe.
En pensiones, el organismo internacional desaconseja acudir a nuevas subidas de las cotizaciones para abordar la brecha de financiación del sistema. En su lugar, incide por su clásica recomendación de «una mayor prolongación del periodo de cálculo de las prestaciones».
La condonación de deuda autonómica es una medida que -desde el punto de vista del Fondo- puede facilitar el retorno gradual de los gobiernos regionales a los mercados de bonos. Sin embargo, «para minimizar el riesgo moral» se sugiere que «dicho alivio debería estar condicionado a que cada comunidad autónoma se comprometa con planes de consolidación creíbles».
Del sector financiero español se valora que «se mantiene en buen estado» y su resiliencia, si bien apunta que «se debería alentar a los bancos a mantener colchones voluntarios adecuados mediante distribuciones prudentes de dividendos a medida que se implementa gradualmente el nivel positivo neutral el colchón de capital anticíclico (CCA).
El Fondo Monetario entiende que, al menos por el momento, el rápido aumento de los precios de la vivienda no plantea riesgos para la estabilidad financiera, «pero merece ser vigilado con atención y ha de abordarse sobre todo con medidas de política para estimular la oferta de vivienda». Así, aconseja que «si llegan a detectarse indicios de préstamos de mayor riesgo, deben considerarse herramientas macroprudenciales preventivas orientadas a los prestatarios», como podría ser una mayor restricción de la cuantía del préstamo en relación con el valor de tasación.
En cuanto a las políticas de vivienda orientadas al arrendamiento, el organismo sostiene que «debe reevaluarse el control de precios del alquiler y abandonarse en caso de constatar que reduce la cantidad o la calidad de la oferta regular de alquileres, o que dificulta el acceso por parte de los hogares de más bajos ingresos».
El FMI se muestra precavido con la reducción de la jornada laboral. Advierte de posibles efectos adversos sobre el desempleo, la producción y los salarios y sugiere que «la reforma debería preservar el importante papel de la negociación colectiva para tener en cuenta la heterogeneidad intersectorial, particularmente en lo que respecta a la distribución del total de las horas trabajadas a lo largo del año y la fijación del nivel y la remuneración de las horas extraordinarias».
Para seguir reduciendo el desempleo de forma duradera, se propone seguir reforzando las políticas activas de empleo (PAE) y los incentivos financieros para los solicitantes de empleo. En este sentido, se plantea, por ejemplo, reforzar los requisitos de activación a los beneficiarios, permitiéndoles combinar los ingresos del trabajo con la percepción de prestaciones durante un período más largo.