OPINIÓN | La industria española, en desventaja frente a sus competidores europeos
El 3 de marzo finalizó el periodo de alegaciones del proyecto de orden por el que se regulan las —muy necesarias— ayudas gasintensivas y diez días después el Consejo de Ministros acordaba ampliar la lista de CNAES que pueden optar a dichas ayudas del Marco Temporal Europeo.
GasINDUSTRIAL presentó alegaciones imprescindibles para que la Orden cumpla su objetivo y las ayudas lleguen a las industrias que las necesitan al igual que en otros Estados miembros en los que los industriales gasintensivos, competidores directos de los españoles, disfrutan desde hace un año de amplios apoyos directos, de momento impensables en España.
Ha sido una buena noticia que se amplíen los CNAES incluyendo más industrias gasintensivas, pero siguen quedándose fuera otras muchas que cumplen de sobra los requisitos. Seguimos incidiendo en que esta clasificación es discriminatoria y establece un límite artificial de beneficiarios potenciales, cuando el único requisito exigible en el Marco Europeo es que el beneficiario de las ayudas acredite ser una «empresa de elevado consumo energético».
Para evitar la discriminación desde GasINDUSTRIAL venimos reclamando la creación de un registro de consumidores gasintensivos que recoja datos objetivos para clasificar, agilizar y facilitar el trabajo de la Administración a la hora de identificar las actividades industriales realmente más afectadas. Los datos INE no reflejan en absoluto el impacto del aumento del precio del gas en la industria gasintensiva, un criterio que no se corresponde con la realidad económica. Reiteramos, por tanto, que la clasificación por CNAE no es un índice gasintensivo.
Nuestras industrias sin ayudas hasta marzo 2024 pero sus competidores las disfrutan desde hace un año
El resto de Estados miembros han desarrollado mecanismos más accesibles y mejor alineados con política UE; más ágiles y rápidos y por importe mucho mayor. Francia concedió la máxima ayuda en marzo 2022 con pagos trimestrales que amplió en 2023 y agilizó con pagos bimensuales; Italia aprobó ayudas en septiembre 2021 y concedió créditos fiscales en sucesivas convocatorias; Alemania, tras el milmillonario rescate de Uniper, para agilizar las ayudas las aplicó directamente en la factura con un importe muy elevado; y Portugal aplica ayudas en la factura por un importe mucho mayor al español. Todo ello supone que nuestros industriales están en clara desventaja competitiva y que la línea de ayudas, además de ser dificultosamente accesible y con requisitos discriminatorios, impone excesivas cargas formales y burocráticas para un importe es mucho menor que en el resto de Estados miembros.
Aligerar los trámites administrativos y eliminar las obligaciones de inversión
Resulta primordial reducir y agilizar los trámites administrativos para la solicitud de ayudas mediante la simplificación del procedimiento administrativo, habilitándose mecanismos mucho más ágiles como las liquidaciones mensuales en la factura del gas.
Singularmente, a los complejos trámites burocráticos, en España se añade la creación de una Comisión de evaluación que deberá emitir un informe de las solicitudes, lo que hará que el plazo para conceder la ayuda se alargue hasta el 31 de marzo de 2024. Así, mientras nuestros competidores europeos disfrutan de las ayudas desde marzo de 2022, la industria española las recibirá a finales del primer trimestre de 2024, lo que para muchas empresas gasintensivas de nuestro país será demasiado tarde.
Además, el proyecto impone a los beneficiarios de las ayudas obligaciones en materia de eficiencia energética e inversión de al menos el 50% de la ayuda recibida en proyectos para reducir emisiones directas de gases de efecto invernadero. La UE lo establece de manera voluntaria y no discriminatoria, por lo que su imposición perjudica la competitividad de los gasintensivos españoles al no preverse para todos los Estados miembros.
Evidente riesgo de deslocalización del tejido productivo español
La línea de ayudas del Proyecto de Orden adopta criterios tan restrictivos en relación con lo previsto en el Marco Temporal, que imposibilita su logro de conservar la competitividad del tejido productivo español. De mantenerse, esta regulación será de las más restrictivas de la UE, generando claro riesgo de deslocalización de buena parte del tejido industrial. Es muy preocupante si tenemos en cuenta el atractivo para las empresas españolas del acceso a las ayudas a través de otro Estado miembro, lo que les permitiría mantener niveles aceptables de competitividad, opción dentro del mercado único y la unión de los mercados de capitales que podría conllevar una deslocalización intensa y acelerada.
La industria española lleva un año esperando este impulso, desde que se publicara el Marco Temporal de ayudas. Nuestros industriales gasintensivos se juegan su supervivencia por lo que urge evitar cierres y deslocalizaciones. El Gobierno debe articular esta línea de ayudas de forma más efectiva y a menor plazo, para paliar los efectos nocivos de las subidas de precios del gas sufridos el último año y estar alineados con el resto de Europa, evitando así una enorme desventaja competitiva.
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