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Los empleados de Stylsaf protestan ante la situación de cierre de la firma

26.10.2018 13:27

Cinco años después de plantear un concurso de acreedores, la conocida empresa Stylsaf de la Vall d’Uixó no ha levantado cabeza y la situación de sus 150 trabajadores ha ido de mal en peor, hasta el punto de que, ayer por la mañana, la plantilla se concentró frente a las instalaciones de la carretera de Segorbe, a la espera de recibir información sobre su delicado futuro a nivel laboral.

La gerencia planteó hace algún tiempo un ERE de continuidad por el que cada seis meses los empleados iban dos al paro, transcurridos los cuales debían reincorporarse a su lugar de trabajo. Su preocupación estriba en que no solo llevan «tres meses sin cobrar sino que, además, en días, a la mayoría» se les «acaba el periodo de desempleo» y todavía no saben qué va a ser de ellos, argumenta uno de sus portavoces.

Porque a efectos legales, todos ellos son asalariados de Stylsaf, que no los ha despedido ni, según aseguran, ha hecho gestiones al respecto. A su entender, «lo que quieren es alargar los plazos, que la situación se complique y que la gente renuncie a sus derechos para buscar otra ocupación con la que ganarse la vida». Aunque todo apunta a que su intención no es la de rendirse.

MOVILIZACIONES

Al menos, así lo dejaron patente en su concentración de ayer y en la asamblea prevista para hoy, en la que establecerán un calendario de movilizaciones para visibilizar su problema, tal y como avanzan sus representantes a Mediterráneo.

Que la gerencia haya dado de baja el suministro eléctrico, el agua y la conexión a internet no ayuda a ver la luz al final del túnel. Los afectados explican: «Sabemos que hay un comprador tanto para la nave como para la unidad productiva, que nos incluiría a todos». Pero en esta negociación «también les interesa ganar tiempo para que el acuerdo les salga más barato».

Mientras tanto, 150 personas no saben qué va a ser de su futuro, aunque la mayoría reconoce que no tendrá que ver con Stylsaf. Por eso quieren que les reconozcan sus derechos, les despidan y les paguen lo que legalmente les corresponde.