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OPINIÓN | "¿Hacia dónde nos llevan?"
Suiza se ha pronunciado recientemente en contra de la ley que preveía introducir impuestos al gas natural, los billetes de avión y la importación de gasolina y diésel, para pagar una compensación por las emisiones de CO2 que se repercutirían al usuario final. El objetivo era reducir las emisiones pero las medidas han sido juzgadas como demasiado negativas para el poder adquisitivo de los suizos.
El ministro suizo de Medioambiente y Energía ha declarado: “el rechazo de las urnas no es un rechazo a la protección climática; muchas personas quieren reforzar la protección climática, pero no de esta manera. La transición energética es urgente, debemos avanzar y encontrar un camino.”
Los industriales españoles consumidores de gas mantenemos un firme compromiso con la descarbonización y estamos abiertos y expectantes a recibir nuevos combustibles sostenibles — viables y competitivos—, que nos permitan transitar hacia ella.
Mientras tanto en España está en tramitación el anteproyecto de Ley por la que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). Los objetivos del anteproyecto son evitar subidas en el precio de la electricidad, dar señales de descarbonización de la economía y aportar la certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permita movilizar las inversiones necesarias en los próximos años.
La intención es trasladar de la factura eléctrica el coste energético hundido de decisiones políticas anteriores (Recore) y distribuirlo al sector del petróleo, gas y en parte también eléctrico. Aunque anuncian que el reparto por sectores será a cargo de los operadores, es evidente que se producirá un traspaso de dichos costes al consumidor final.
La industria necesita el gas para su producción y a día de hoy es imposible el cambio de combustible y su descarbonización de una manera eficiente y competitiva. La aportación al fondo incrementaría la factura hasta 5€/MWh, algo inasumible en un momento como el actual en el que la industria lucha por salir de la crisis post Covid.
Para contextualizar la gran magnitud de este importe, hay que indicar que el coste del gas para el año que viene ronda los 22€/MWh. El proyecto anuncia compensaciones para algunas industrias, pero no están aseguradas, ni aclaran cuáles serían los sectores que podrían acogerse a esta medida, ni tampoco especifican ni garantizan el porcentaje que podrían compensar. Es decir, que todo queda en el aire y hay que añadir el riesgo extremo de que estas compensaciones sean consideradas ayudas de estado, lo que supondría que la industria se vería obligada a pagar la totalidad del fondo y como se ha dicho en numerosos foros estaríamos ante “un nuevo clavo en el ataúd de la industria”.
El riesgo es muy elevado. Además, hay industrias cuyo coste principal es el gas y no podrán acogerse a estas dudosas compensaciones, lo que provocará una pérdida de competitividad y con ello una más que evidente consecuencia de pérdida de puestos de trabajo. Existen múltiples contradicciones entre política energética y política industrial: no es coherente querer impulsar la competitividad industrial incrementando sus costes energéticos por encima del resto de los países europeos.
El informe de 2018, elaborado por la Comisión de Expertos de Transición Energética, se señalaba claramente: “si las restricciones de la Hacienda Pública no permiten su financiación (en referencia al RECORE) con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, existiría la opción de financiar este coste mediante un recargo a todas las fuentes de energía final”. La industria se pregunta por qué no se opta por esta solución.
En pureza, el RECORE responde a unos costes incurridos en el pasado y que corresponden a Política Energética, resultado de esta, por lo que deberían trasladarse a los PGE. Pero si no es el momento de pasar 6.000M€ para que sean soportados por las arcas del Estado, es indudable que tampoco es el momento de pasar este cargo para que sea soportado por los consumidores finales y la industria. Si no se exime a la industria de la aportación al Fondo, deberían plantearse dos vías: o esperar a que las condiciones sean las adecuadas para pasarlo a PGE o, en caso de imperar su implantación inmediata, que se inicie una senda progresiva de cinco años para ir traspasando el coste a Presupuestos progresivamente.
Encarecer el coste de la energía supone ralentizar y entorpecer el crecimiento económico, e incluso provocar una recesión. La aportación forzosa al FNSSE sin poder tener la opción de remplazar combustible nos lleva derechos hacia una pérdida de competitividad.
La solución pasa por desarrollar nuevas tecnologías y que estas sean realmente competitivas en precio, que permitan a las industrias realizar sus actividades siendo medioambientalmente sostenibles a igual coste o menor coste que nuestra competencia europea. Existe una curva de aprendizaje y debemos dejar el tiempo suficiente para que la tecnología se desarrolle y sea competitiva, de lo contrario estaremos abocados a una brecha en el coste energético con nuestra competencia y de ahí a la deslocalización de cientos de industrias que son vitales en este momento para la economía del país.
El decrecimiento forzoso y la aportación al Fondo no son la solución a la descarbonización. La solución está en el desarrollo económico y en la tecnología. No podemos volver a cometer los mismos errores lanzándonos, como en ocasiones anteriores, hacia políticas energéticas precipitadas que puede que se aguanten sobre el papel pero que no lo hacen sobre la realidad industrial.