El Consejo de Ministros del Consejo de Europa ha aprobado este miércoles una recomendación en la que insta al Gobierno de España a reformar su normativa para endurecer y restringir el despido en aquellos casos en los que este sea improcedente. El organismo europeo sigue la estela del Comité Europeo de Derechos Sociales, que, a denuncia del sindicato UGT, ya reprendió a España por tener una normativa que no era suficientemente garantista para los trabajadores en caso de ceses injustos.
En un comunicado emitido este miércoles, el Consejo de Europa recomienda al Ejecutivo español que las indemnizaciones «tengan en cuenta el daño real sufrido por las víctimas y las circunstancias individuales de su caso».
El organismo europeo considera que la actual normativa no protege lo suficiente a los trabajadores y cree que ello pasa porque las actuales cuantías y causalidades no son suficientemente restrictivas para que los empresarios no tengan las reticencias suficientes a la hora de despedir a alguien sin causa. Dicho de otra manera, Europa considera que la ley española no se lo pone suficientemente difícil a un empresario cuando quiere despedir a alguien de manera ilegal.
Es por ello que el Consejo de Europa considera que el Ejecutivo debe cambiar el sistema indemnizatorio para que «sea disuasorio y disuasorio para el empleador, a fin de garantizar la protección de los trabajadores frente a esos despidos ilegales».
La reforma de la normativa relativa al despido es una promesa electoral que recoge el acuerdo de coalición entre el PSOE y Sumar, si bien en un primer momento el PSOE receló de cambiar la normativa y defendió ante instancias europeas que la normativa española cumplía con los mínimos.
Por el momento, desde el Ministerio de Trabajo no han iniciado las conversaciones con los agentes sociales para ver cómo modifican la normativa. UGT hizo suya esta bandera una vez, en 2021, la patronal declinó negociar dentro del marco de la reforma laboral nada relativo al despido. Entonces fue ante los organismos europeos y denunció a España por, a su juicio, incumplir con las mínimas garantías. Y Europa le dio la razón.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pretende incluir lo que ha venido a bautizar como ‘despido restaurativo’, es decir, que adapte las cuantías indemnizatorias a las condiciones particulares de cada empleado. Dando una mayor compensación que la reconocida por ley a aquellos trabajadores especialmente vulnerables, como madres solteras o veteranos con claras dificultades de reinserción si pierden ese trabajo. Los tribunales españoles ya han empezado a aplicar esta doctrina, cada uno con sus propias interpretaciones.