La realidad ha superado el pesimista pronóstico de la plantilla de la firma de piedra natural Levantina en O Porriño (Pontevedra). Los 116 trabajadores de su filial Levgranite sabían que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que los responsables de la compañía, en manos del fondo Polus Capital Management, anunciaron oficialmente el pasado 18 de diciembre sabían tendría un impacto «muy alto».
Así se les trasladó, aunque sin más detalles. Entre los sindicatos se esperaba que el ajuste afectase a alrededor del 60%, pero la intención de Levantina es ir más allá y supera incluso las cifras planteadas en los despidos colectivos que puso en marcha también en Novelda y Monte Coto, en la provincia de Alicante; en Vallanca (Valencia); y en Losares (Albacete). Levantina finiquitará la parte industrial en las instalaciones. Solo se mantendrá la parte comercial de Graniter y la función de almacén. Era lo que también temían los representantes de los trabajadores. UGT, CCOO y CIG confirmaron este jueves el cese de actividad y que el ERE afectará «a la gran mayoría del personal».
En diciembre, cuando se conoció el plan de ajuste, Levantina aseguró a las tres centrales que trabajaba en «una opción que permita continuar con la actividad productiva», pero sin dar ningún compromiso. «No hay ninguna oferta seria sobre la mesa», insistía Levantina a Faro de Vigo, preguntada ante la posibilidad de que la antigua dirección de la planta estuviese dispuesta a asumirla de nuevo. La factoría de O Porriño sufre desde hace meses una caída de la carga de trabajo por la crisis que rodea a toda la industria de la piedra tras la ralentización del sector de la construcción en todo el mundo.
Tras conocerse el inicio de las negociaciones para el ERE, el comité de empresa y los líderes sindicales de la comarca gallega donde se ubica la planta se citaron el jueves en las instalaciones. «La clave de esto es que Levantina lo que hace es abandonar Galicia y deja tiradas a 95 familias», explicó Rubén Pérez, de UGT, que censuró que «se marcha tras extraer los recursos naturales de la comunidad y sin hacer un mínimo esfuerzo para continuar con la actividad».
De la misma opinión son sus compañeros de CCOO, Fran Estévez, y de la CIG, Ricardo Arias. «Lo que se está planteando aquí es un cierre», insistió por su parte Estévez. «Estamos más unidos que nunca para intentar dar la vuelta a la situación», añadió Arias. «Esta planta es viable», estiman los responsables sindicales, «lo único que necesitamos es un empresario que quiera apostar».
La compañía, por su parte, emitió un comunicado en el que confirmó las negociaciones por el ERE «que inicialmente se extendería a un total de 95 trabajadores» de los 116 y que «supondría el cese de la actividad productiva y garantizaría la actividad comercial». «La compañía se ha visto abocada a esta situación debido al impacto crítico en su viabilidad producido por la crisis del sector, derivada de la drástica y continuada caída de la demanda de piedra natural frente a otros productos sustitutivos en la última década», aseguraron desde la firma.